La LACAP fue creada en el 2000 para que las compras de bienes y servicios del estado se realizaran de forma clara, ágil, y oportuna, aunque no es perfecta, si se cuenta con el conocimiento, capacidad, y experiencia necesaria, su aplicación es fácil.
La emergencia sanitaria por covid-19, dejó sin efecto a esta herramienta fiscalizadora con esta reforma al artículo 13 del decreto 593, autorizando al Estado y las alcaldías para que realizaran compras directas relacionadas con la prevención, tratamientos y atención de la pandemia.
Al modificarse, la administración pública, sobre todo el Ejecutivo, tuvo vía libre para usarlos a discreción y no rendir cuentas de los gastos. A la fecha, algunos funcionarios presentaron informes a medias, nada técnico, ambiguos que dejan más dudas al respecto.
La reforma buscaba agilizar la adquisición de los insumos, pero no exime la responsabilidad de transparentar los gastos. Es más, al hacerlo, el gobierno suma credibilidad y confianza al informar sobre el destino final de los recursos y ayuda a fin de disipar cualquier rumor de corrupción que salpique su gestión.
Sin embargo, el Órgano Ejecutivo se empecina en ocultar la información y ha llegado al punto de reservarla. ¿Por qué ocultar información pública? Hoy más que nunca, la población merece saber cómo se invirtieron esos recursos.
Tanto el dinero como los insumos donados para la atención de la pandemia, debieron haber llegado a los héroes de primera línea y a la población, pero fue todo lo contrario. Las quejas de falta de insumos persistieron durante toda la emergencia y aún después de estar controlada.
De igual manera, la población afectada por la tormenta Amanda siguen a la espera de las viviendas, pero la respuesta es que “no hay fondos”, un argumento desmentido por el expresidente del Banco Central de Reserva que aseguró que el gobierno si disponía de fondos suficientes.
Si las arcas del país están en saldo rojo, es responsabilidad detallar el monto oficial de las compras, nombres de las empresas proveedoras, ya que el decreto incluyó un apartado para que esta información sea pública vía Ley de Acceso a la Información. Además, está obligado a rendir informes de las compras a la Corte de Cuentas y a la Asamblea Legislativa.
Hacerse el desentendido sobre la administración de los fondos y donaciones de la pandemia, apunta a pensar en una malversación de los mismos. Por ello la Fiscalía allanó varias dependencias del gobierno por supuesta corrupción.
Lo menos que puede hacer el gobierno es dejar que las investigaciones sigan su curso. Desconocer la aplicación de la LACAP, aun cuando esta ha sido modificada e inventar razones para no actuar conforme a la ley pone en duda el discurso presidencial de combatir la corrupción.
En conclusión, la LACAP ni cualquier otra herramienta de fiscalización de los fondos públicos es problema. El problema es la falta de voluntad por rendir cuentas.